En un fallo que marca un punto clave en la controversia jurídica y política que rodea al exintendente de Soriano, Guillermo Besozzi, una jueza de Mercedes concluyó que no existen impedimentos legales que obstaculicen su regreso al cargo de intendente. La resolución también rechaza el pedido formulado por la fiscal del caso, quien había solicitado que se informara de forma urgente a la Corte Electoral sobre la situación del exjerarca, procesado con medidas limitativas de libertad.
El enfoque de la fiscalía se originó después de que Besozzi fuera acusado el mes pasado por mal desempeño de sus funciones, dentro de una investigación relacionada con posibles irregularidades durante su administración anterior. Como parte de las precauciones impuestas, recibió la prohibición de salir del país y de acercarse a las oficinas de la Intendencia, excepto con permiso judicial. Sin embargo, el procesamiento no contempló ni prisión preventiva ni incapacidad para ocupar funciones públicas.
La fiscal del caso entendió que la gravedad del proceso ameritaba que la Corte Electoral fuera notificada de manera inmediata, con el objetivo de prevenir una eventual asunción de Besozzi como intendente en caso de que su lista, perteneciente al Partido Nacional, resultara ganadora en los comicios departamentales. La jueza, sin embargo, desestimó ese argumento por considerar que no existe una obligación legal expresa que imponga tal comunicación, y sostuvo que cualquier decisión sobre su investidura deberá evaluarse en su momento según las condiciones del fallo judicial vigente.
En la decisión, se indica que las medidas cautelares «no suponen una inhabilitación para desempeñar cargos electivos» y que, por lo tanto, el acusado mantiene sus derechos políticos mientras no haya una sentencia condenatoria definitiva. También se especifica que el procesamiento es una fase intermedia en el proceso penal, la cual puede cambiar conforme avance la investigación.
La decisión judicial reavivó el debate en torno al alcance de las medidas cautelares en procesos penales que involucran a figuras públicas. Algunos sectores cuestionan que la normativa vigente permita a personas formalizadas por delitos continuar en funciones o postularse a cargos electivos. Otros, en cambio, defienden el principio de presunción de inocencia y sostienen que cualquier restricción al ejercicio de derechos políticos debe surgir de una condena judicial definitiva.
Desde el entorno político de Besozzi, se valoró positivamente la resolución, argumentando que la misma ratifica su derecho a ejercer un cargo para el que fue electo por votación popular. Voceros del Partido Nacional en Soriano sostuvieron que el fallo respalda la tesis de que no hay impedimentos legales para que Besozzi retome funciones si así lo decide el electorado.
El asunto ha capturado la atención en todo el país por la prominente figura de Besozzi, quien ha desempeñado un papel importante en la política del departamento en los años recientes. Su enjuiciamiento, llevado a cabo pocas semanas antes de las elecciones internas, creó una situación sin precedentes, donde el ámbito judicial y el electoral se encuentran en una disputa común.
En tanto, la investigación criminal avanza. El ministerio público sigue reuniendo evidencia sobre los supuestos abusos de autoridad vinculados a adjudicaciones directas y probables irregularidades administrativas en el manejo de la alcaldía. Personas allegadas al caso señalaron que se anticipan más declaraciones de testigos y análisis periciales que podrían prolongar el proceso por varios meses.
Por otro lado, el Tribunal Electoral todavía no ha emitido un comunicado formal acerca del caso, y permanece atento a los avances en el ámbito judicial. Si la lista liderada por Besozzi sale ganadora en las elecciones de octubre, comenzará un nuevo período de estudio legal y político sobre su posible toma de posesión y la compatibilidad entre las decisiones judiciales y el desempeño del cargo.
La resolución de la jueza deja en claro que, por el momento, no existe un impedimento legal para que Besozzi asuma como intendente, siempre que respete las condiciones impuestas. Sin embargo, también advierte que cualquier incumplimiento podría motivar la revisión de las medidas y nuevas disposiciones judiciales. El caso sigue abierto y en desarrollo.
