El Registro Civil de Uruguay tuvo a principios de este año una situación complicada respecto al manejo de documentos de extranjeros. Una acumulación de aproximadamente 28.000 expedientes detenidos, entre peticiones de nacionalidad y trámites administrativos, representaba un obstáculo que complicaba la capacidad de respuesta institucional y afectaba directamente a miles de personas esperando regularizar su estatus en el país. En solo cuatro meses, la Dirección consiguió disminuir ese retraso en un 20%.
La situación ha estado desarrollándose durante años, admiten miembros de la administración, a causa de varios factores: el incremento continuo de extranjeros pidiendo ciudadanía o registros, la escasez de personal capacitado y la lentitud en los procesos de revisión de documentos. A esto se añadieron modificaciones en los criterios y métodos de verificación, resultando en un cuello de botella burocrático que dejó a decenas de miles de solicitudes pendientes de manera indefinida.
La llegada de un nuevo equipo a la Dirección General del Registro Civil, liderado por Eduardo Vítora, puso en marcha un proyecto para resolver la situación. La meta prioritaria fue disminuir el volumen de expedientes, incrementar la eficiencia interna y acelerar los tiempos de respuesta. En solo cuatro meses, las medidas adoptadas permitieron liberar aproximadamente 5.600 expedientes, lo que supone un progreso del 20% en comparación con el total recibido.
Dentro de las acciones implementadas se destacó la reestructuración del grupo técnico, la reubicación de empleados con experiencia en la gestión de la nacionalidad y la implementación de herramientas digitales para supervisar y gestionar los expedientes. Además, se definieron nuevos tiempos internos y se mejoró la colaboración con otras entidades involucradas en los procesos, como la Dirección Nacional de Migración y el Ministerio de Educación y Cultura.
El foco principal estuvo puesto en los trámites de opción de nacionalidad, un derecho consagrado para los hijos de ciudadanos uruguayos nacidos en el exterior o para personas extranjeras con vínculos familiares directos en el país. Muchos de estos casos llevaban años en espera, pese a que en muchos aspectos los requisitos estaban cumplidos.
De acuerdo con la gestión presente, una de las principales barreras se encontraba en la validación de los documentos extranjeros. Este procedimiento, a veces, se vuelve lento debido a la variedad de criterios consulares y a los problemas para verificar certificados emitidos en naciones con sistemas de registro deficientes o en conflicto. Para abordar este problema, el Registro Civil inició labores en la renovación de acuerdos bilaterales y en una colaboración más cercana con las embajadas acreditadas en Montevideo.
Otra estrategia significativa fue colaborar con asociaciones de migrantes y grupos de la sociedad civil, lo cual posibilitó reconocer las situaciones más apremiantes y dirigir quejas a través de sistemas de atención personalizada. De esta manera, se establecieron vías particulares para el monitoreo de trámites retrasados y se optimizó el acceso a datos sobre el progreso de los expedientes.
Desde la Dirección se reconoce que el rezago aún es considerable, pero se valora positivamente la tendencia de mejora. El objetivo para finales de este año es reducir al menos un 50% del total de trámites pendientes. Para lograrlo, se están considerando ampliaciones presupuestarias, contratación de personal temporario y la automatización de ciertos procesos básicos, como las notificaciones y la asignación de turnos.
La problemática de los expedientes detenidos impacta de forma significativa a individuos que requieren ejercer sus derechos esenciales, tales como obtener una cédula de identidad, un pasaporte, atención médica o registro educativo. En ciertos escenarios, los retrasos han causado daños específicos en el ámbito laboral o en la reunificación familiar.
El proceso de descongestión, según destacan desde el Registro Civil, no solo representa una mejora en términos de gestión pública, sino que también es una muestra del compromiso del Estado con la inclusión y el respeto a los derechos de la población migrante, que en los últimos años ha ido creciendo sostenidamente en Uruguay.
Con la obtención de los resultados iniciales, la actual gestión está enfocada en fortalecer una cultura institucional que sea más dinámica, proactiva y comprensiva, con el objetivo de restablecer la confianza de los usuarios y asegurar un acceso igualitario a los servicios de registro para todos los ciudadanos, independientemente de su procedencia.
