El martes pasado, en Río de Janeiro, Brasil, el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) suscribieron un tratado comercial histórico. Este pacto abarca a ocho naciones y pretende liberar el comercio para más del 97% de las exportaciones de ambos grupos, formando un mercado único con un PIB combinado que supera los 4.3 billones de dólares, fortaleciendo las normas de colaboración internacional.
Tras ocho años de negociaciones, el pacto fue suscrito en el Palacio de Itamaraty por los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y los representantes de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. El tratado creará un área de libre comercio que abarca a casi 300 millones de personas, con el objetivo de incrementar el comercio bilateral y generar ventajas para empresas y consumidores.
Mario Lubetkin, ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, calificó el tratado como una “verdadera alianza estratégica” y destacó su importancia en un contexto global complejo. “Los conflictos geopolíticos están erosionando las reglas multilaterales de larga data”, afirmó Lubetkin, señalando que la firma del documento es un testimonio de “cooperación, diálogo y comercio basado en reglas claras”.
El canciller uruguayo extendió su reconocimiento a Suiza y Argentina por su rol como coordinadores en la fase final de las negociaciones. También agradeció el “pragmatismo y firme compromiso” de Brasil, Paraguay y el resto de los países de la EFTA para superar las dificultades durante el proceso. Según los términos, la EFTA eliminará el 100% de los aranceles sobre productos industriales y pesqueros del Mercosur una vez entre en vigor, mientras que el bloque sudamericano lo hará de forma gradual en un plazo de hasta quince años para la mayoría de los productos.
Para que el tratado sea efectivo, ahora requiere la ratificación de los parlamentos de todos los Estados que forman parte del Mercosur y de la EFTA. Lubetkin destacó la relevancia de transmitir las ventajas del acuerdo a los empresarios y a la comunidad civil para garantizar su apoyo.
En última instancia, el ministro de Uruguay reafirmó la dedicación de su nación a los objetivos comunes del acuerdo, que según declaró, “al final beneficiarán a los ciudadanos de cada uno de estos países”.
